En tela de juicio está la Construcción de Marina Pública en Caleta Lenga
Obra enfrenta el interés económico frente a la conservación del medio ambiente.
Caleta Lenga, emplazada en la Bahía de San Vicente, promete tener una nueva cara con la construcción de la primera marina pública, con una inversión que alcanzaría los $ 3 mil millones de pesos, según publicó El Mercurio con fecha 4 de septiembre de 2009, el objetivo del proyecto es aprovechar el potencial gastronómico que presenta. El articulo de prensa señala que la obra contempla la construcción de un centro de eventos, paseos costeros, bentotecas, remodelación del rompeolas del sector y bodegas de reparación de embarcaciones que permitirá la práctica de deportes náuticos. La península de Hualpén está bajo la ley Ley 17.288 de 1970, que la denomina Santuario de la Naturaleza, una categoría de Monumento Nacional. La normativa vigente dice que corresponden a sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. Creado un Santuario de la Naturaleza, no se pueden iniciar en él trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquier otra actividad que pudiera alterar su estado natural, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación. Además la norma establece que si estos sitios estuvieran situados en terrenos particulares, como es el caso de toda la península, sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Consejo los daños que ocurrieren. A la anterior regulación se le suma la administración jurídica establecida por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), el cual establece que el área es una zona protegida. También lo señala el Plan Regulador de la Comunal (PRC) de Hualpén, que es el de Talcahuano, ya que aún no tiene su PRC propio, el cual fue actualizado por última vez el año 2006.
Cabe consignar que la zona se encuentra inserta en un área de manejo (AMREB) que perteneciente a la Subsecretaría de Pesca, administrada por pescadores que firmaron un acuerdo con el municipio para el manejo del área contemplada.
Todo lo anterior pone en el tapete las obligaciones y responsabilidades que se deben llevar a cabo, por una parte, el desarrollo económico de una zona gastronómica, donde sus productos provienen del sur de Chile y por otro el poder que tiene la legislación vigente, K.G., que se desempeñó en la Dirección de Obras Municipales del municipio hualpenino, señala que el proyecto tiene varios años y fue aprobado por el Consejo Municipal el 16 de junio del presente año, pero con discrepancias por parte de la gobernación marítima y pescadores, que no lograron influir en la aprobación final.
El dueño del terreno es Samuel Price. Según la legislación vigente y los vacíos legales, él es quien tiene la última palabra para la concreción final del proyecto. Con ello queda cuestionarse ¿qué tiene más poder, la ley que protege un ecosistema privilegiado o el interés económico por mantener a unos pocos?
Obra enfrenta el interés económico frente a la conservación del medio ambiente.
Caleta Lenga, emplazada en la Bahía de San Vicente, promete tener una nueva cara con la construcción de la primera marina pública, con una inversión que alcanzaría los $ 3 mil millones de pesos, según publicó El Mercurio con fecha 4 de septiembre de 2009, el objetivo del proyecto es aprovechar el potencial gastronómico que presenta. El articulo de prensa señala que la obra contempla la construcción de un centro de eventos, paseos costeros, bentotecas, remodelación del rompeolas del sector y bodegas de reparación de embarcaciones que permitirá la práctica de deportes náuticos. La península de Hualpén está bajo la ley Ley 17.288 de 1970, que la denomina Santuario de la Naturaleza, una categoría de Monumento Nacional. La normativa vigente dice que corresponden a sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. Creado un Santuario de la Naturaleza, no se pueden iniciar en él trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquier otra actividad que pudiera alterar su estado natural, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación. Además la norma establece que si estos sitios estuvieran situados en terrenos particulares, como es el caso de toda la península, sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Consejo los daños que ocurrieren. A la anterior regulación se le suma la administración jurídica establecida por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), el cual establece que el área es una zona protegida. También lo señala el Plan Regulador de la Comunal (PRC) de Hualpén, que es el de Talcahuano, ya que aún no tiene su PRC propio, el cual fue actualizado por última vez el año 2006.
Cabe consignar que la zona se encuentra inserta en un área de manejo (AMREB) que perteneciente a la Subsecretaría de Pesca, administrada por pescadores que firmaron un acuerdo con el municipio para el manejo del área contemplada.
Todo lo anterior pone en el tapete las obligaciones y responsabilidades que se deben llevar a cabo, por una parte, el desarrollo económico de una zona gastronómica, donde sus productos provienen del sur de Chile y por otro el poder que tiene la legislación vigente, K.G., que se desempeñó en la Dirección de Obras Municipales del municipio hualpenino, señala que el proyecto tiene varios años y fue aprobado por el Consejo Municipal el 16 de junio del presente año, pero con discrepancias por parte de la gobernación marítima y pescadores, que no lograron influir en la aprobación final.
El dueño del terreno es Samuel Price. Según la legislación vigente y los vacíos legales, él es quien tiene la última palabra para la concreción final del proyecto. Con ello queda cuestionarse ¿qué tiene más poder, la ley que protege un ecosistema privilegiado o el interés económico por mantener a unos pocos?
Jorge Gutiérrez Fernández
